Ley de Transporte de Oaxaca

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La Ley de Transporte del Estado de Oaxaca, aprobada en el año 2013 por el Congreso del Estado, es el resultado del convencimiento objetivo del poder público, los prestadores de servicio y la ciudadanía, de la trascendencia de contar con un cuerpo normativo eficiente, para que el desempeño del transporte público en Oaxaca contribuya al desarrollo de la entidad y de su población

La Ley, que entrará en vigor el mes de marzo de 2014, considera al transporte como un rubro que deberá manejarse con una política transversal, al tener una gran incidencia en la economía estatal, y en el mantenimiento de la gobernabilidad y la paz social; por tanto es, será fundamental impulsar, a la vez una prestación de un servicio de calidad, confortable y seguro, que responda a las necesidades y expectativas de la ciudadanía oaxaqueña y, en particular, de los usuarios, y la generación de condiciones de rentabilidad para los prestadores del servicio

El Estado asumirá la obligación de garantizar el derecho a la movilidad y la seguridad de personas, bienes y servicios que circulan en el territorio estatal. También le corresponderá al Estado la obligación de diseñar, implantar y acatar estrategias, estudios, proyectos, leyes, normas y programas que den plena seguridad y certeza jurídica, transparencia, oportunidad, equidad, eficiencia y apego a la ley del proceso de regulación, otorgamiento y control de las concesiones y registro de las diversas modalidades de transporte público y como objeto final, el impulso de la competitividad del Estado de Oaxaca, a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar de los usuarios y concesionarios en particular y de la sociedad oaxaqueña

La Ley de Transporte del Estado de Oaxaca, representa un avance sustancial en el crecimiento del sector, al asegurarse la rectoría que el Estado tiene en el mismo, se instituye el Programa Sectorial de Transporte y Movilidad, como instrumento rector de la política estatal en materia de transporte en general; la Secretaría de Vialidad y Transporte, será la dependencia responsable y ejecutora de las políticas públicas del transporte; se detalla el procedimiento legal, transparente, objetivo y público, mediante la determinación real de las necesidades del servicio, para el otorgamiento. Se establece la posibilidad de la transferencia de las concesiones, ya sea entre vivos o a causa de la incapacidad o fallecimiento del titular

De igual manera se ordena la constitución, integración y actualización del Registro Estatal del Transporte; y la institución del Consejo Estatal de Transporte Público y Vialidad, como órgano colegiado, con funciones consultivas para el estudio y discusión de los aspectos relacionados con el transporte; se señalan reglas específicas para la instrucción de procedimientos relacionados con la revocación de las concesiones

La Ley concede facultades a la Secretaría de Vialidad y Transporte para expedir permisos provisionales por necesidades temporales y especiales del servicio, tales como transporte escolar, de personal, grúas, carrozas y ambulancias; para expedir normas técnicas para regular cuestiones técnicas específicas en la prestación de los servicios y todo lo que se le relacione; para determinar tarifas de transporte público, mediante el análisis de variables determinadas; tendrá facultades para Inspección, vigilancia y aplicación de sanciones, capacitación y acreditación de operadores de los servicios

Finalmente, se establece como sanción para quien preste el servicio público de transporte que requiera concesión, sin contar con la misma, la pérdida de la propiedad y posesión del o los vehículos a favor del patrimonio del Estado. Además tanto el propietario como el conductor no podrán ser en el futuro, titulares de una concesión. Misma circunstancia para quien use cromática, accesorios y distintivos distintos a los autorizados por la Secretaría. En todo caso se respetarán las garantías de audiencia y seguridad jurídica del infractor.